Equidad y Acceso a las vacunas contra la COVID-19

América Latina y el Caribe es una de las regiones más afectadas por la COVID-19 y se ha convertido en el epicentro de la pandemia.

La región acumula casi el 49% de las muertes globales por COVID-19 y más del 40% de los casos confirmados a nivel global. De igual manera, mientras la tasa de letalidad global del COVID-19 es de 2.2% para mayo de 2021, muchos países de América Latina y el Caribe superan este promedio, siendo Brasil y México los países que lamentablemente lideran la tasa de letalidad en la región. La pandemia de COVID-19 ha desafiado la capacidad de los sistemas de salud en la región, y con ello se han evidenciado las profundas desigualdades existentes. Los sistemas universales de acceso a la salud y protección social, no son los mayoritarios y el abordaje integral de la salud es muy precario, lo que ha aumentado las vulnerabilidades de muchos grupos humanos que previamente a la aparición de la pandemia ya enfrentaban inequidades.  

Durante las últimas décadas, nuestra región avanzó de manera significativa en la disminución de la tasa de mortalidad, como consecuencia de aspectos de orden demográfico, económico y socio cultural. El aumento de los niveles educativos, un mayor acceso a la salud y la urbanización de los territorios, condujo de manera progresiva a un aumento de los años de esperanza de vida, la cual aumentó más de 20 años en el último siglo, pasando de 51,4 años a  75,2 años (PNUD, 2019). Durante los últimos 70 años, la región también ha registrado un cambio sustantivo del perfil epidemiológico y de la distribución de las causas predominantes de muerte. Esto, a su vez, ha tenido un impacto importante a nivel demográfico, con el envejecimiento de la población que implica una mayor carga de cuidados y atención de enfermedades crónicas para adultos mayores.  Todas estas presiones han afectado las respuestas a la pandemia desde los sistemas de salud, que se han traducido en la falta de acceso a servicios, el desabastecimiento de medicamentos para enfermedades crónicas y la afectación del financiamiento para otras áreas distintas a la emergencia producida por el COVID-19.

El impacto de la pandemia no solo se ha sentido en el ámbito sanitario, sino también ha tenido importantes expresiones en el nivel socioeconómico y nuevamente, nuestra región se encuentra por encima de los promedios globales: se estima que el PIB global descenderá un 4.3% pero en América Latina, ese descenso se calcula que será de 7.7%, es decir 3.4 puntos por encima de la media global. Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierten que entre 3.3 y 4.3 millones de personas entrarán en pobreza extrema como consecuencia de la pandemia de COVID-19. De igual forma, la tasa de desempleo global se calcula que será de 9.4% pero en nuestra región, alcanzará un 10.7%. A nivel macroeconómico, las proyecciones tampoco son alentadoras: la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha calculado que la caída del comercio global estará entre un 13% y 32%, especialmente en el comercio de servicios. De igual manera, se calcula que las exportaciones en América del Norte podrían tener una contracción que puede llegar al 40% y en América del Sur al 31%, lo que reducirá de manera significativa el tránsito en el Canal de Panamá.

Al igual que sucede con la esperanza de vida y el mejoramiento de los sistemas de salud, el proceso de reducción de la pobreza que la región venía desarrollando, ha quedado fracturado.  Según CEPAL, en 2020 la pobreza alcanzó  el nivel más alto de los últimos 12 años, afectando de manera directa a 1 de cada 3 personas de la región (33%).  Esta cifra tiene una expresión en sentido práctico: mayor desnutrición, más personas con hambre y mayor vulnerabilidad económica, social y de salud frente a la crisis sanitaria. Los grupos humanos más impactados por las expresiones de la crisis, son los niños y niñas, sobre todo aquellos que ya vivían en condiciones de pobreza, sin poder ir a la escuela y sin tener acceso a una alimentación adecuada a sus necesidades, lo que sin lugar a dudas tendrá una repercusión en el mediano y largo plazo en su desarrollo pedagógico, físico y cognitivo. En el caso de las mujeres, muchas de ellas se han visto afectadas por no tener acceso a medios de vida como consecuencia de la suspensión de puestos de trabajo y el cierre de empresas, quedando confinadas a la atención de los miembros de sus familias (niños, niñas y adultos mayores) y asumiendo la carga de los cuidados.  

Todo esto es especialmente relevante dada la relación existente entre las enfermedades infecciosas y el estatus socioeconómico de las personas. Diversos estudios han mostrado que las poblaciones con menos recursos económicos, menor nivel educativo, además de un nivel precario de conexiones y vínculos sociales, suelen tener mayores tasas de mortalidad por causas prevenibles (Phelan, Link y Tehranifar 2010). Todo este ecosistema que se crea entre la recesión económica, la profundización de las desigualdades sociales y las afectaciones por COVID-19, pueden tener un efecto adverso en el acceso a la vacunación, sobre todo si las campañas no se ejecutan de manera equitativa y justa para toda la población. Esto no solo se relaciona con los criterios epidemiológicos sino con el impacto en el ejercicio de los derechos humanos y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Desde la aparición del COVID-19 se han implementado múltiples estrategias para evitar su eficiente propagación, las cuales han ido desde las restricciones de movilidad implementadas en los países hasta la exigencia del uso de equipos de protección personal en lugares públicos, además de las recomendaciones de lavado frecuente de manos y distanciamiento físico entre personas. La vacunación es una herramienta que viene a complementar estas estrategias ya implementadas en el manejo público de la pandemia.

Sin embargo, al igual que con las posibilidades de lavado de manos y el uso de equipos de protección personal, aquellas personas que no tienen acceso a agua potable o a mascarillas, se verán afectadas de manera más directa por el COVID-19 si no son vacunadas.  Desde distintos organismos, como la OPS/OMS se ha insistido en que la eficiencia de las vacunas radica en que las mismas sean asignadas de manera justa y equitativa a toda la población, incluso cuando haya un abastecimiento limitado.  Para lograr esto, se estima que los países deben garantizar la compra, distribución y aplicación, lo cual implica aumentar su capacidad fiscal, sus mecanismos logísticos y su personal de salud para administrar las dosis a la mayor parte de la población. 

Justamente, entendiendo las desigualdades entre los países tanto para la compra como para la distribución y aplicación de la vacuna, y a pesar de que las farmacéuticas ya han establecido acuerdos bilaterales con los países, la Alianza Gavi para las Vacunas (Gavi), la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han establecido el Mecanismo COVAX que a nivel mundial se propone asegurar la distribución equitativa de las vacunas, para lo cual ofrece:

  • Dosis de vacunas para al menos el 20% de la población de los países que se unan a la iniciativa
  • Una cartera de vacunas diversificada y gestionada activamente
  • Entrega de vacunas tan pronto como estén disponibles y no asociadas a capacidad de pago inmediato de los países 

En América Latina y el Caribe, 37 países  son parte del mecanismo COVAX y de ellos, 27 pagaran por la vacuna, mientras que 10 la recibirán sin costo.  A pesar de esta iniciativa, ya han surgido algunas preocupaciones debido a que muchos países están negociando acuerdos bilaterales con las compañías farmacéuticas, lo cual afectará la disponibilidad de dosis de vacunas, en un contexto de oferta limitada.

En este sentido, la iniciativa The People’s vaccine ya advierte algunos aspectos que afectan la equidad en el acceso a las vacunas:

  • 9 de cada 10 personas no podrán ser vacunadas en países pobres durante el 2021
  • 14% de la población mundial ha comprado el 53% de todas las dosis de vacunas más prometedoras hasta el momento, es decir las naciones más ricas ya han comprado dosis suficientes para vacunar a toda su población, casi 3 veces para finales de 2021 mientras que las más pobres no cuentan con ninguna dosis.
  • Las desigualdades prexistentes a la pandemia también se reflejan en el acceso a la vacuna, no solo en el nivel global, sino en los niveles regionales, nacionales y sub-nacionales.
  • Las personas que ya tienen limitaciones en el acceso a servicios de salud, por su condición económica o estatus migratorio, también se verán afectados en sus posibilidades de tener acceso a la vacuna.

Panamá es parte de los 37 países de América Latina y el Caribe, asociados al mecanismo COVAX y ya ha recibido dos lotes de vacunas procedentes del mismo.  El primero de ellos fue recibido en el mes de Abril y estuvo conformado por un total de 36 mil dosis de la casa farmacéutica AstraZeneca, la cual cuenta con el 76% de eficacia para prevenir COVID-19 sintomático y 85% de eficacia en personas de 65 años o más.

El segundo lote, se recibió el pasado 11 de mayo y  consta de 74 mil dosis de la vacuna AstraZeneca, las cuales se han estado aplicando a través de un sistema de solicitud voluntaria, que tiene como población objetivo a hombres desde los 30 años y mujeres mayores de 50 años, quienes solicitan su cita a través de la página web: www.panamasolidario.gob.pa

Al 15 de mayo, Panamá ha administrado un total de 795.065 dosis de vacunas, De estas,  el 97,7% corresponden a vacunas de Pfizer y el 2,3% a AstraZeneca. De este total, 53,8% (427.614) han sido aplicadas en la población femenina. El 65,0% (516.766) corresponde a la primeras dosis y el 35,0% (278.299) a segundas dosis.  Estos números incluyen a quienes han recibido las vacunas recibidas a través del mecanismo COVAX y las que el país ha comprado directamente en negociaciones con el dúo farmacéutico Pfizer/BioNTech con quienes acordó comprar 7 millones dosis de dos vacunas contra la Covid-19, para vacunar a 4.6 millones de personas. Aproximadamente, 2.2 millones serán de AstraZeneca/Universidad de Oxford para un total de 9.2 millones de dosis.

La Planta de Generación de Energía Social, PGES, como Centro de Pensamiento está  activada y con el compromiso por la movilización de conciencias y voluntades, para hacer frente a los grandes desafíos colectivos y enfatizar la inevitabilidad de garantizar el acceso y disfrute de los Derechos Humanos para todas las personas, como elemento central del desarrollo social.

Tomando en cuenta el elemento central del temas como la equidad y acceso a las vacunas contra el COVID-19 y los objetivos de desarrollo sostenible son abordados en el trabajo continuo de la PGES en sus distintas dimensiones, todos ellos sosteniendo como eje común la defensa y protección de los Derechos Humanos.

La PGES en su esfuerzo de seguir avanzando en la búsqueda de la innovación y el enriquecimiento de la comunidad cuenta con un diplomado que va enmarcado en la Gerencia Social para el Desarrollo Sostenible, dirigido especialmente a funcionarios públicos, personal de las organizaciones de la sociedad civil, así como a unidades de responsabilidad social empresarial, también a académicos, en materia de gerencia social para el desarrollo sostenible.

Este diplomado se configura como un espacio de diálogo formativo y también para el desarrollo de competencias, que posibilite la evolución de ideas sobre acciones transformadoras de las realidades sociales de los países. Este programa apuesta además a contribuir con la profesionalización de quienes se sumen a esta iniciativa.