Equidad de Género en Panamá: ¿Qué muestran las cifras?

La región de América Latina y el Caribe sigue siendo una de las más desiguales del mundo, siguación que se ha profundizado tras la llevada de la COVID-19 y su impacto en los niveles de pobreza, desempleo e inequidad por ingresos. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha indicado en su Panorama Social de América Latina 2020 cómo persisten las  brechas en los niveles de vida en todos los países de la región y además cómo el COVID-19 la ha convertido en la región más afectada, dado que la pandemia vino a sumarse a los problemas estructurales en áreas como salud, educación y protección social, cuyas brechas de cobertura se han profundizado como consecuencia de la afectación del Producto Interno Bruto regional que alcanzó, según este informe, una contracción de 7.7%, trastocando de manera desproporcionada la economía de los países. Según CEPAL, las medidas tomadas por los gobiernos para responder de manera directa a esta afectación han beneficiado a millones de personas, pero aún así se estima que todos los avances alcanzados durante los últimos años en áreas clave para superar la pobreza y la pobreza extrema tendrán un retroceso de 12 años.

Estas desigualdades se manifiestan de manera dramática a los sectores de población que han estado tradicionalmente excluidos, lo cual incluye de manera directa a las mujeres, las jóvenes y las niñas, quienes en muchos países han visto vulnerados sus derechos o se encuentran en una situación de mayor amenaza y desventaja, especialmente en áreas como violencia basada en género, seguridad alimentaria, empoderamiento económico, participación política y representatividad.

Datos reportados por el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, demuestran que durante 2019 se reportaron al menos 4.640 casos de feminicidio en 18 países de América Latina y el Caribe. A causa de la crisis sanitaria, las limitaciones de movilidad y la disminución o cierre de los servicios de salud se ha profundizado la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) y además ha aumentado el riesgo de impunidad relacionada con delitos vinculados a la violencia contra las mujeres y las niñas, debido a que los servicios de justicia estuvieron sin ofrecer atención a las sobrevivientes durante la fase más dura de la pandemia.

De igual manera, la crisis económica generada por el COVID-19 afectó la tasa de participación laboral de las mujeres que en 2020 fue de 46% mientras que la de los hombres fue 69%. Esto principalmente como consecuencia de la salida de mujeres de la fuerza laboral para dedicarse a atender las demandas de cuidado dentro de sus hogares, incluyendo el cuidado de los niños y niñas y adultos mayores, lo cual fue requerido ante el cierre de las escuelas y servicios de atención, y la limitación de estadía en espacios públicos. El trabajo de cuidado no remunerado implica una limitación importante de las mujeres para insertarse o reinsertarse a los mercados laborales y avanzar en la autonomía económica, especialmente para quienes provienen de hogares pobres, indígenas o afrodescendientes.

LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PANAMÁ

La situación de las mujeres, las jóvenes y las niñas en Panamá es reflejo del nivel regional y ya implicaba enormes brechas de desigualdad que se incrementaron durante la pandemia de COVID-19.  Áreas como el acceso a servicios de Salud Sexual y Reproductiva han sido considerablemente afectadas en Panamá: la Asociación Panameña de Planificación Familiar (Aplafa), reportó una disminución del 38% en servicios médicos prestados durante la pandemia (2020) y con respecto a 2019.

Esta disminución en el acceso a los servicios, tiene efectos visibles: durante 2020 aumentó levemente la fecundidad nacional con respecto al 2019. Según el Ministerio de Salud (MINSA) alcanzó durante 2019 un total de 34.209 mujeres en control prenatal, mientras que en 2020 se atendieron un total de 36,053 embarazadas. 

En el caso de los embarazos en adolescentes entre los 10 y 19 años, también hubo un incremento de 696 embarazos más en 2020 con respecto a 2019, cuando hubo 9.028 embarazos, mientras que en 2020 unas 9,724 adolescentes quedaron embarazadas.

Por su parte, el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género registró durante 2020 las cifras más altas de feminicidios desde 2015.  Según estas estadísticas basadas en los reportes del Ministerio Público, durante el año 2020 un total de 31 mujeres fueron asesinadas, hubo 5 tentativas de femicidio y 15 muertes violentas. De igual forma, durante 2020 el Ministerio Público recibió un total de 15.123 denuncias por violencia doméstica o intrafamiliar, además de 5.159 denuncias relacionadas con delitos sexuales: 2.124 violaciones, 205 violaciones doblemente agravadas, 17 tentativas de violación, 1.913 delitos de acceso sexual a personas mayores a 14 años y menores a 18 años, 876 actos libidinosos y 24 denuncias de acoso sexual.

En materia de empoderamiento económico, un informe realizado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en el 2018, ya identificaba una amplia brecha en la tasa de participación entre las mujeres y los hombres en el rango de edad entre los 15 y 24 años: en el 2017, este informe reporta que la tasa de participación laboral de los hombre era de 16.6 puntos más que la de las mujeres. Sin embargo, la brecha más alta se manifiesta en el rango de edad entre los 20 y  24 años, donde la tasa masculina era 30.7 puntos por encima: 82.7 en el caso de los hombres y 52 para las mujeres. Con la afectación económica, la pérdida de empleo y la disminución de las fuentes de empleo debido a la crisis de COVID-19 se puede estimar que durante 2020 esta brecha pudo haberse incrementado. Un aspecto a destacar, es el reportado por el informe de la CEPAL “La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad”, que indica que la brecha salarial entre los hombres y mujeres que trabajan en el sector salud es 32,9, siendo que los ingresos de las trabajadoras de la salud son mucho menor que el de los hombres que desempeñan la misma función.

El documento Perfil de Género presentado por el Sistema de Naciones Unidas en Panamá en marzo de 2021 concluye que las mujeres, adolescentes y niñas en Panamá tienen mayores niveles de vulnerabilidad frente a la violencia basada en género, y que han visto afectadas áreas clave referidas al empoderamiento económico, la seguridad alimentaria, la participación y representatividad.

Las principales recomendaciones para la planificación y políticas referidas a disminuir las brechas de género en Panamá se pueden referir a:

• Mejorar los sistemas de recolección de datos e información desglosados por sexo y edad (como mínimo) en todas las áreas, incluyendo la salud, los programas sociales y de protección social, además de los niveles de participación económica y política.
• Promover en el diseño de planes, programas y proyectos una perspectiva de género que incluya conocer las necesidades de las mujeres y responder a ellas, proponiendo cambios en las normas sociales que perpetúan modelos de exclusión y discriminación contra las mujeres, las jóvenes y las niñas y que afectan su participación social, económica, educativa y política; especialmente en el caso de mujeres de las áreas rurales, indígenas y afrodescendientes.
• Promover e incluir a las asociaciones de mujeres y promover su participación y liderazgo para una respuesta integral a las brechas de género existentes en distintas áreas.
• Propiciar análisis económicos que tomen en consideración los trabajos no remunerados hechos por mujeres, especialmente aquellos que se llevan a cabo en el ámbito doméstico y que no son reconocidos en los sistemas de protección social.
• Profundizar el acceso a los servicios de salud para las mujeres, adolescentes y niñas, especialmente los de salud sexual y reproductiva y violencia basada en género, entendiendo que la respuesta en este último caso debe ser integral y vinculada con los sistemas de protección penal y de salud mental.